Sobre el mar de chabolas de la Cañada Real Galiana proliferan de manera novedosa las placas solares. Imploran la energía que llega del cielo en nombre de los que habitan debajo. El próximo día 2 de abril, Viernes Santo, el sector seis de la Cañada Real Galiana cumplirá medio año sin suministro eléctrico. La nueva fisonomía en torno a esta vía dolorosa de Madrid es apreciable desde las alturas del particular Calvario autóctono, la montaña erigida con los años a base de restos del vecino vertedero de Valdemingómez. La ausencia de solución por parte de las Administraciones al problema ha llevado a los vecinos a realizar inversiones que rondan los 800 o 1.000 euros para instalar esa placas fotovoltaicas, según el testimonio de las familias. Pero muchas no se lo pueden permitir en una zona que se halla a la cola de la renta per cápita del país con 10.000 euros anuales por hogar.
El conflicto eléctrico ha elevado en los últimos meses el protagonismo del tramo más deprimido de este asentamiento irregular de 14 kilómetros crecido en las últimas cuatro décadas. Un problema que ha llenado de promesas las campañas electorales desde entonces. Y que tendrá su propio espacio ante la convocatoria de elecciones del próximo 4 de mayo. Alguno de los candidatos ya tiene previsto acudir a la Cañada, pese a que el sector seis es el mayor erial participativo de España, con una abstención que ronda el 90%.
En una de las parcelas donde se levanta una decena de chabolas viven varias familias del clan de los Manzano. Ninguno de los adultos reconoce haber votado nunca. No saben qué es el censo electoral y si forman parte de él. Tampoco están al tanto de que hay convocadas elecciones, ni quién es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Aquí no nos enteramos de ná”, zanja Carmen Manzano, de 40 años, que vive en la Cañada desde que se casó a los 16 años con Antonio, un primo suyo de la misma edad que aprovecha la conversación para dar un meneo a los troncos en la chimenea. “Los gitanos no sabemos ná de eso”, insiste la mujer.
Respuestas similares expresaron la treintena de personas interpeladas. “Es un tipo de población con poca integración social, bajo nivel de estudios y que ni se entera muchas veces de lo que está pasando en lo político. Hacen falta niveles muy altos de participación electoral para que ellos se movilicen”, explica Narciso Michavila, sociólogo que preside la consultora Gad3. La cifra oficial de habitantes del sector seis de la Cañada era en 2017 de 3.000, pero el censo electoral es de apenas 1.500. No es por tanto un gran caladero de votos por el que los partidos vayan a plantear batalla.
Pero llevar por bandera la denuncia de la precariedad en la que viven estos ciudadanos puede servir para conquistar apoyos en otras zonas de Madrid, señala Braulio Gómez, director del Deustobarómetro. “Tocar la Cañada puede movilizar una parte de la clase media de izquierdas desencantada, urbanita y universitaria” que da más importancia al “feminismo, al ecologismo, a la inmigración o a la inclusión”, entiende este investigador en Ciencias Políticas. “Durante años estos agujeros negros suelen ser los mismos. No solo se hereda la pobreza de padre a hijo, sino también la falta de participación política. Todo va heredándose. Padres sin estudios, padres pobres, padres que no votan… La política para ellos pasa a un segundo plano”.
Las autoridades apuntan a las plantaciones de marihuana que tienen lugar en la Cañada como responsables de las subidas de tensión que tumban el suministro eléctrico. Agustín Rodríguez es el párroco de Santo Domingo de la Calzada, el templo ubicado en la zona cero del narcotráfico y el consumo. Sabe de lo que habla cuando comenta que los intereses de los que manejan el negocio de la droga siguen pesando mucho, a pesar de las operaciones de desmantelamiento llevadas a cabo por la policía. “El problema de raíz no se está atajando. Pueden quitarle la fiebre al enfermo, pero volverá a aparecer porque la enfermedad perdura”, afirma.
Más Madrid es la primera fuerza política en la capital y la que más ha denunciado el apagón, al que se sumó en noviembre el sector cinco. Fuentes de esta formación han confirmado que mantendrán su estrategia estas semanas y la candidata a la presidencia regional, Mónica García, acudirá durante la campaña electoral a la Cañada.
“No sé cómo se puede llegar a seis meses, pero sé que se trata de un asunto político. Tenemos claro que esto está pasando porque es aquí, en la Cañada”, lamenta Laura Gil, representante de la Fundación Secretariado Gitano en el asentamiento. Su inquietud y pesimismo aumenta ante la posibilidad de que el parón político por las elecciones afecte a la resolución del problema del suministro.
El antiguo toldo de la Peluquería Lorena Style, recuperado por los Manzano, asegura algo de sombra en los meses de verano a la entrada de una de las barracas del clan. Cualquier cosa se aprovecha para tratar de mantenerlas más habitables. Pero ninguna dispone de placas fotovoltaicas o generador para afrontar la desconexión permanente que sufren desde el pasado 2 de octubre. Por el terreno regado de chatarra y escombros se ve, como por el resto del poblado, a los niños corretear y jugar como si no fuera un jueves lectivo de colegio.
En la mesa que ocupa una estancia que hace las veces de cocina y salón desayuna Jesús, de 11 años, el hijo más pequeño de los tres que tienen Carmen y Antonio. Detrás del menor, colgado en la puerta del baño, está el termo inutilizado. Desde los primeros días de octubre la familia se asea con agua que calientan con butano. Ese es el principal motivo que esgrimen los mayores para justificar que los niños no vayan al colegio muchos de los días. El problema, denunciado en varias ocasiones por la ONU, afecta a unos 1.800 escolares, según las organizaciones humanitarias que trabajan en el asentamiento.
Un par de kilómetros más allá de la parcela de los Manzano, un grupo de personas conversa a pie de camino. Algunos ya han recibido el visto bueno por parte de la Comunidad de Madrid para ser realojados. Ninguno de los presentes quiere que se publique su nombre. Prefieren no remover en la esfera pública lo que consideran una victoria. Vía pecuaria adelante, en dirección a Perales del Río, excavadoras y camiones avanzan en los trabajos de un parque forestal. Las montañas de tierra, cual dunas móviles, amenazan la chabola de Teresa Vargas. La mujer no tiene noticias sin embargo de si le van a conceder el realojo. Está previsto que la zona se integre en el futuro Bosque Metropolitano de la capital.
Cerca de allí espera la firma de entrega de llaves Deborah Jiménez, una mujer de 26 años separada y que vive gracias a la renta mínima junto a sus dos niños de tres y seis años. En el exterior de su casa levantada con tablones, se lee: “Fuera el coronavirus de esta xabola”. Jiménez afirma que llegó a la Cañada en 2011, justo el año que las autoridades marcan como frontera para acceder al realojo. Moisés, otro vecino, carga chatarra con medida profesionalidad para que lo imposible tenga hueco en su furgoneta. Junto a una gran jaula que en tiempos acogió a palomos o gallos van también restos de la casucha que habitó su hijo mayor, que ya voló hacia la civilización.
Es aquí donde la Cañada lanza sus últimos estertores. Salpicadas por el arcén, aparecen diseminadas infraviviendas junto a los cascotes de otras que fueron derruidas una vez se efectuó el realojo de sus vecinos. Alguna parece resistirse con mensaje amenazante incluido en la puerta cerrada con cadena y candado: “Sus muertos quien entre”.
La Cañada es un caso “complejo” de “ocupación de un espacio público”, que hoy en día “no se puede abordar con la excavadora, ni dando piso a todo el mundo, ni solo con criterio policial”, explica José María Ezquiaga, reputado arquitecto que trabajó en gobiernos regionales y locales de Madrid entre las décadas de los ochenta y los noventa. Los actuales problemas que representa la Cañada Real Galiana entiende que son herencia de la permisividad ante la parcelación ilegal que tuvo lugar hace medio siglo. Es más, se muestra sorprendido de que en un caso similar como el de la ocupación de espacios en el litoral haya más consenso público a la hora de plantarle cara como un asunto de “abuso” o “especulación”. Con la Cañada “se ha acabando mitificando el entorno y santificando a los vecinos”, concluye.
La población empezó a asentarse en los terrenos que rodean esta vía pecuaria que atraviesa terrenos públicos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid. El tiempo pasó, nadie los desalojó y eso sirvió de efecto llamada, mientras algunos amasaban dinero facilitando enganches a la luz y el agua.
Tras aquellos primeros pobladores aparecieron los mercenarios de la droga expulsados de otros poblados como La Celsa, La Rosilla o Las Barranquillas. Los traficantes y vendedores habían conseguido que el metro cuadrado de narcochabola costara lo mismo que en el paseo de la Castellana, explica Ezquiaga, que sitúa una tercera oleada de llegadas a estos asentamientos con los inmigrantes extracomunitarios. Ahora que el problema no es únicamente urbanístico y ocupa una parte social, añade, hay que discernir entre los que tienen derecho a recibir una vivienda y los que no.
Ha trabajado como periodista y fotógrafo en más de 30 países durante 25 años. Llegó a la sección de Internacional de EL PAÍS tras reportear año y medio por Madrid y sus alrededores. Antes trabajó durante 22 años en el diario Abc, de los que ocho fue corresponsal en el norte de África. Ha sido dos veces finalista del Premio Cirilo Rodríguez.
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